Indiscutibles
espacios del ciudadano
Mario Valero Martínez
@mariovalerom
Los derechos ciudadanos no
son dádivas otorgadas por una autoridad suprema, una deidad o líder eterno.
Tampoco son baratijas concebidas para adornar los marcos constitucionales. Forman
parte de los permanentes logros societales que, vinculados estrechamente a los
derechos humanos, implican asimismo, la búsqueda constante de la mejor calidad de vida. Uno de los aportes
significativos en los últimos tiempos se sintetiza en la propuesta que apunta a
la construcción de la ciudadanía integral, entendida como el acceso armonioso,
y en conjunción indisociable, de los derechos cívicos, sociales, económicos y
culturales, tal como se desprende de lo
expuesto en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), denominado La democracia en América Latina (2004).
Como bien se sabe, estas
perspectivas de los derechos ciudadanos se orientan a su aplicación universal,
sin embargo, también se conoce por informes bien documentados que a pesar de
las conquistas y los avances mundiales, muchos países aún están en mora con su
optimización, mientras que en otros se mutilan para restringir los espacios de las libertades ciudadanas sobre
todo en el campo de la acción política; en América Latina, Cuba es su máxima
expresión, a partir de allí se podría elaborar una escala geográfica con la
degradación progresiva de los derechos ciudadanos que ahora tiene otro destacado
epicentro, la República Bolivariana de Venezuela.
La alarmante situación que
padece la población venezolana en aspectos fundamentales como la alimentación y la asistencia
médico-asistencial, son muestras fehacientes del resquebrajamiento de los derechos humanos fundamentales, aunque los
voceros gubernamentales se empeñen en panfletarias disquisiciones, demostrar lo
contrario. Pero los actos que atentan contra los derechos ciudadanos se amplían
como manchas rojas sobre el pavimento, basta con seguir la secuencia de las
decisiones “institucionales” bajo control gubernamental en torno a la
petición del referendo revocatorio
presidencial, para detectar la flagrante violación de los derechos políticos.
No se trata solo de los
obstáculos y mentiras que la casta gobernante ha intentado imponer como matriz
de opinión en torno al proceso refrendario. Se trata de algo también muy grave
que incide directamente en las libres decisiones políticas del ciudadano y
tiene que ver con el chantaje de los comisarios politicastros al obligar a los
funcionarios públicos a retirar la firma de la
petición del referendo, previa amenaza con destituciones de sus puestos
de trabajo. Acto humillante y execrable al que se une el uso inhumano de la bolsa de comida repartida
por miembros del partido de gobierno en los nuevos muros territoriales,
operando con repugnante coacción para intentar contener el apoyo mayoritario en
sectores más necesitados al acto refrendario. Y, un poco más a fondo, en los recodos de esa
panorámica, hay que subrayar el perverso
desconocimiento y la exclusión de un gran número de firmantes que dieron el
apoyo al citado referéndum, sustentados
en descabellados argumentos. Sin rubor se intenta implantar el miedo como
mecanismo de inhibición y control de los habitantes en sus localidades.
Firmar, validar y revocar
son decisiones personales que encajan en el ejercicio indiscutible de los
derechos políticos democráticos de los ciudadanos; en lo personal las asumo también,
como parte de mis deberes para tratar de contribuir a contener la destrucción y
el saqueo a que ha sido sometido Venezuela por la casta revolucionaria
gobernante.
Publicado en Diario La Nación.
Táchira-Venezuela. 25 de junio de 2016
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